Derecho inmobiliario
Trata sobre las operaciones vinculadas, principalmente, con bienes raíces.
En este campo, ayudamos a las partes involucradas en una operación inmobiliaria a tener plena certeza, asegurando la correcta y eficaz adquisición, enajenación, arrendamiento o el establecimiento de fideicomisos de bienes inmuebles (incluyendo aquellos en zonas restringidas), a través de la debida investigación de antecedentes de propiedad, redacción de contratos, depósito de fondos y asistencia en la escrituración.
De igual forma, le proporcionamos asesoría sobre las implicaciones fiscales de cada operación, generando el esquema de mayor beneficio para las partes.
También podemos auxiliarle en la constitución de los regímenes de propiedad aplicables a desarrollos en condominio, redactando sus escrituras constitutivas y reglamentos aplicables y celebrando las reuniones correspondientes.
Derecho Corporativo
Se refiere a la vida interna de una empresa, desde su constitución hasta su liquidación y disolución. En esta materia se exploran los derechos y obligaciones de los socios y accionistas, la forma de estructurar el capital de una sociedad, la manera de organizarse y, en general, las normas que rigen su funcionamiento, a través de las mejores prácticas que le permitan lograr su objetivo.
Derecho Mercantil
Se refiere a las obligaciones que nacen de la operación de una empresa con respecto a sus clientes y proveedores.
Derecho Administrativo
Contempla todas las relaciones entre los ciudadanos y las autoridades (federales, estatales y/o municipales). Abarca desde licencias de funcionamiento, obtención de permisos, atención a multas, procedimientos administrativos y resolución de conflictos.
Entre dichas autoridades se encuentra, en el ámbito federal, el Instituto Nacional de Migración, la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, instituciones de salud, entre otras.
En lo local, el derecho administrativo contempla las relaciones entre los gobiernos estatales y municipales con los particulares.
Derecho Fiscal
Regula de manera específica la relación de los ciudadanos, en su calidad de contribuyentes, y las autoridades fiscales (es decir, el SAT, IMSS, Infonavit, gobiernos estatales y municipales).
Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual
Regula y protege las invenciones, diseños industriales, marcas y otras figuras, así como las creaciones como obras literarias, artísticas e incluso informáticas. La protección de estos derechos está a cargo, en su respectiva competencia, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y del Instituto Nacional del Derecho de Autor.
En esta materia podemos asistirte a encontrar la mejor forma de protección a tus creaciones, incluyendo los signos que distinguen a un negocio, solicitando su registro ante las autoridades correspondientes.
Anticorrupción.
Entre los años 2014 y 2016 se gestaron reformas constitucionales muy importantes en nuestro país que dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción. Entre estos cambios, se publicó la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas que contempla sanciones para personas físicas y morales que se involucren en actos graves de corrupción.
En este sentido, las personas que deseen realizar operaciones con las administraciones públicas, como licitaciones o contratos gubernamentales, deben adoptar políticas de integridad que contengan elementos de control, vigilancia y auditoría para prevenir su utilización en actos indebidos.
Podemos ayudarle en el diseño e implementación de dicha política de integridad y todos sus componentes.
Protección de datos, privacidad y transparencia.
A partir del 2017, los particulares que recaben datos personales de sus clientes o usuarios deben observar medidas para garantizar la su protección. Por datos personales, entendemos aquellos que permiten hacer que una persona sea identificada o identificable y comprenden desde el nombre, edad, domicilio, pero también información sensible como religión, opiniones políticas datos médicos, orientación sexual e identidad de género, entre otros.
El cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos no se resume a tener un aviso de privacidad en la página de internet, sino a observar una política y procedimientos internos destinados a resguardar efectivamente la información que nuestros clientes o usuarios nos confían, asegurando al mismo tiempo que atendemos plenamente sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, conocidos como derechos ARCO.
Independientemente si Usted es una persona física con actividad empresarial, un profesionista independiente o una empresa, podemos ayudarle a revisar su operación y procedimientos internos para que se apeguen no solo a la letra sino al espíritu de lo que regula la protección de datos.
Con esto cumplirá con la ley, pero también refrendará un compromiso de integridad con su clientela.
Compliance (cumplimiento regulatorio).
Conocemos como “Compliance” al conjunto de políticas, procedimientos y buenas prácticas que le permiten a una empresa identificar y administrar los riesgos legales inherentes a sus actividades con la finalidad de mantenerse dentro de los más altos estándares de integridad y apego a la ley, evitando en última instancia su involucramiento en hechos ilícitos.
Cabe señalar que, con motivo de las reformas de 2014 al Código Nacional de Procedimientos Penales y de 2016 al Código Penal Federal, las personas morales pueden ser halladas responsables de la comisión de delitos, con sanciones que van desde multas, suspensión de actividades hasta su disolución, con independencia, por supuesto, de la responsabilidad en la que incurran sus socios, directivos y empleados.
En este sentido, cualquier sanción habrá de atenuarse si la persona moral imputada demuestra la existencia efectiva de un órgano de control encargado de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como políticas internas de prevención.
Es así como la implementación de un sistema de Compliance puede ayudar a su empresa a evitar su involucramiento en actividades ilícitas, pero en realidad el concepto debe ir más allá. Se trata de asegurar un siguiente nivel en una política corporativa de integridad que cuide lo más importante de las personas, ya sean físicas o morales: su reputación.
En Compliance no existen soluciones de paquete, es decir, cada programa de cumplimiento debe ser diseñado tomando en consideración las circunstancias específicas de la empresa, sus objetivos, giro de negocios, etc.
Si busca refrendar su compromiso con la integridad en la realización de negocios, podemos ayudarle a diseñar y aplicar el programa de Compliance que se ajuste a sus necesidades.
Prevención de Lavado de Dinero.
Compete a las relaciones de sujetos obligados en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y otras disposiciones aplicables a intermediarios financieros y sus clientes.
De acuerdo con las actividades a las que se dedican, cuando éstas se consideren “vulnerables” las personas tendrán diversas obligaciones, tales como el alta y registro ante el Servicio de Administración Tributaria, la identificación de clientes y usuarios, la conservación de expedientes y la presentación de avisos e informes a la Unidad de Inteligencia Financiera, por conducto del SAT.
Dentro de tales actividades “vulnerables” se encuentran la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación de bienes raíces; la comercialización habitual de joyería, obras de arte, automóviles nuevos o usados; la prestación de ciertos servicios profesionales; la recepción de donativos, entre otras.
Si realiza una actividad vulnerable o lleva a cabo negocios con quien las hace, le podemos ayudar a conocer cuáles son sus obligaciones en cada caso, cumplir con ellas cabalmente e implementar los controles internos necesarios para evitar la imposición de sanciones o el involucramiento con posibles actividades ilícitas.